¿Qué cambiaría para los trabajadores del Maule?

Un proyecto de ley que busca suspender durante cinco años la aplicación de la Ley Karin ha abierto un debate sobre los mecanismos de protección de los trabajadores frente al acoso laboral, sexual y la violencia en sus espacios de trabajo.

La iniciativa, ingresada al Congreso Nacional en agosto de 2026, propone suspender temporalmente los efectos de la Ley N.º 21.643, vigente desde el 1 de agosto de 2024, con el objetivo declarado de revisar su funcionamiento y corregir las dificultades detectadas durante su implementación. El proyecto, identificado con el boletín N.º 18.588-13, se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Aunque la propuesta todavía no ha sido aprobada, su eventual aplicación tendría consecuencias para trabajadores y empleadores de todo el país, incluida la Región del Maule.

¿Qué propone el proyecto?

La iniciativa plantea suspender durante cinco años las modificaciones que introdujo la Ley Karin al Código del Trabajo y a otras disposiciones relacionadas con la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Durante ese período volverían a aplicarse las normas que estaban vigentes antes del 1 de agosto de 2024.

La propuesta contempla que los procedimientos de denuncia e investigación iniciados antes de una eventual suspensión continúen desarrollándose bajo la legislación actual hasta su término.

Asimismo, busca establecer un período de revisión legislativa para evaluar el funcionamiento de la normativa y diseñar mecanismos que permitan mejorar los procedimientos de denuncia e investigación.

¿Por qué algunos parlamentarios quieren suspenderla?

Los autores del proyecto sostienen que la implementación de la Ley Karin ha generado dificultades operativas debido al elevado número de denuncias y a la capacidad de respuesta de los organismos encargados de investigarlas.

Según los antecedentes citados en la moción parlamentaria, a fines de 2025 se habían acumulado más de 66 mil denuncias, mientras que una parte de las presentaciones correspondería a conflictos laborales que no necesariamente se encuentran comprendidos en las conductas reguladas por la normativa.

Los impulsores de la iniciativa también cuestionan las demoras en los procesos de investigación y plantean la necesidad de incorporar mecanismos de admisibilidad que permitan distinguir oportunamente las denuncias relacionadas con acoso o violencia laboral de otras controversias.

Uno de los parlamentarios que ha defendido la propuesta es el diputado Erich Grohs, quien, al explicar los fundamentos del proyecto, sostuvo: “Cuando una parte importante de las denuncias termina no correspondiendo a materias propias de la ley y las investigaciones se extienden durante meses, tenemos la obligación de revisar si el diseño normativo está cumpliendo efectivamente su objetivo”.

La declaración fue difundida por Chilevisión en agosto, cuando se conoció la presentación de la iniciativa.

Las críticas a una eventual suspensión

La propuesta también ha generado cuestionamientos desde distintos sectores políticos y especialistas en legislación laboral.

Una de las principales preocupaciones apunta a que suspender la normativa durante cinco años podría significar una reducción de los mecanismos específicos de prevención y protección incorporados por la Ley Karin.

Entre sus principales modificaciones, la legislación amplió las obligaciones de los empleadores para prevenir situaciones de acoso y violencia laboral, estableció procedimientos de investigación y reforzó las medidas destinadas a proteger a quienes presentan denuncias.

Desde sectores críticos de la iniciativa se ha planteado que las dificultades administrativas podrían abordarse mediante modificaciones específicas y un fortalecimiento de las capacidades institucionales, sin necesidad de suspender la normativa.

El debate también considera los compromisos internacionales asumidos por Chile en materia de prevención de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

¿Cómo podría afectar a los trabajadores del Maule?

Aunque se trata de una iniciativa de alcance nacional, sus eventuales efectos también alcanzarían a los trabajadores de la Región del Maule.

Sectores como el comercio, la educación, la salud, los servicios y las actividades productivas regionales se encuentran sujetos a las disposiciones laborales correspondientes, por lo que una modificación de la normativa podría cambiar los procedimientos aplicables ante denuncias de acoso o violencia en el trabajo.

Actualmente, los empleadores deben cumplir las obligaciones preventivas y los procedimientos establecidos por la Ley Karin, de acuerdo con el régimen laboral que corresponda.

Si el proyecto llegara a aprobarse en los términos propuestos, durante cinco años volverían a regir las disposiciones anteriores a agosto de 2024, mientras se desarrolla la revisión legislativa planteada por sus autores.

Esto no significaría que todas las formas de acoso laboral quedaran sin regulación, ya que existían disposiciones legales anteriores a la Ley Karin. Sin embargo, sí se suspenderían los cambios específicos introducidos por esta última.

¿La Ley Karin sigue vigente?

Sí. La Ley Karin continúa vigente y sus disposiciones deben seguir cumpliéndose mientras no exista una modificación legal aprobada y publicada.

Por lo tanto, los trabajadores que enfrenten situaciones de acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo mantienen los mecanismos de denuncia y protección contemplados en la legislación actual.

La eventual suspensión dependerá del avance del proyecto en el Congreso Nacional, donde deberá completar las distintas etapas de tramitación legislativa antes de convertirse en ley.

Mientras tanto, el debate continúa centrado en cómo mejorar la capacidad de respuesta frente a las denuncias laborales sin afectar la protección de quienes enfrentan situaciones de acoso o violencia en sus lugares de trabajo.