
Venta ilegal de misoprostol: PDI detiene a chileno en La Serena con casi mil dosis listas para envío
- Lunes 19 de mayo de 2025
- 12:57 hrs

La PDI detuvo en La Serena a un hombre de 34 años por vender misoprostol de forma ilegal a través de redes sociales. El imputado ofrecía el medicamento entre $70 mil y $160 mil.
La venta ilegal de misoprostol en La Serena quedó al descubierto la madrugada del sábado 18 de mayo, cuando detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y el Medioambiente (Bidema) detuvieron en la vía pública a un hombre de 34 años que distribuía el fármaco abortivo sin autorización sanitaria. El operativo, coordinado con la Fiscalía de Coquimbo, permitió incautar 118 comprimidos que el imputado portaba en calle Alberto Solari y otras 840 unidades en su domicilio, además de cinco plantas de cannabis en crecimiento y marihuana a granel.
Cómo operaba la venta ilegal de misoprostol
Según la subinspectora Ana María Álvarez, el imputado importaba los comprimidos “por contrabando desde Perú” y los ofrecía en una página web y cuentas de redes sociales a precios que fluctuaban entre $70 mil y $160 mil. Las entregas se realizaban por encomienda a cualquier punto del país o de forma presencial en La Serena, con la promesa de interrumpir embarazos de 5 a 12 semanas.
Investigación y detención en La Serena
La Bidema utilizó técnicas de análisis criminal e inteligencia policial para rastrear la venta ilegal de misoprostol en La Serena y reunió evidencias suficientes para obtener una orden de entrada y registro. Durante el allanamiento se levantó la cadena de difusión y se incautaron dispositivos que serán periciados para identificar a más compradores y eventuales cómplices.
“Logramos identificar a un hombre que comercializaba los fármacos con fines abortivos sin prescripción médica ni autorización sanitaria”, precisó la subinspectora Álvarez en el parte policial.
Medidas cautelares y plazo de investigación
El Juzgado de Garantía de La Serena formalizó al detenido por delito flagrante contra la salud pública, decretando firma mensual y arraigo nacional mientras dure la causa. El tribunal concedió 90 días a la Fiscalía Regional para cerrar las diligencias, que incluyen el peritaje de las 958 dosis decomisadas y la trazabilidad de los envíos realizados.
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