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Rechazan recurso de defensa de Daniel Jadue para viajar a Venezuela

  • Viernes 19 de abril de 2024
  • 17:19 hrs

La alerta temprana, coordinada entre el fiscal regional y la Policía de Investigaciones, es una herramienta clave para monitorear los movimientos migratorios relacionados con investigaciones penales de alto nivel.

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago ha denegado la solicitud de garantía presentada por la defensa del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), luego de que su viaje a Venezuela fuera frustrado.

A solo un mes de la audiencia de formalización en su contra por presuntos delitos de corrupción, el alcalde tenía la intención de asistir a un evento internacional al que había sido invitado por Nicolás Maduro.

Sin embargo, la PDI frenó su ingreso al avión tras explicarle que contaba con una “alerta” por su actual situación. Desde el Ministerio Público se contactaron con la defensa de Jadue y le señalaron que, en caso de abordar dicho vuelo, se despacharía una orden de detención en su contra.

Después de eso, el abogado Ramón Sepúlveda solicitó una audiencia para cautela de garantía, alegando que se habían vulnerado las garantías constitucionales del alcalde.

Además, pidió que se levantara la alerta que restringía la salida de su cliente y se declarara que no tenía prohibición de viajar.

Durante su argumentación, según lo reportado por La Tercera, el abogado defensor describió la acción de la policía civil como una "retención o detención ilegal".

A ello, sumó que “creemos que se han vulnerado varios derechos y garantías legales y constitucionales consagradas por nuestro sistema de justicia”.

La magistrada Katherine Román determinó que no hay base para afirmar que se ha vulnerado el principio de igualdad ante la ley en este asunto.

El fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, explicó que la alerta temprana es una herramienta coordinada con la Policía de Investigaciones, en particular Extranjería.

Esta alerta tiene como propósito notificar los movimientos migratorios de personas que son de interés en investigaciones penales de diferentes niveles.

“En el caso en particular, una persona sometida a una medida del artículo 123. Es una medida habitual y existe hace muchos años”, agregó.