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Contraloría abre sumario por eventuales irregularidades en compra de cámaras corporales para Carabineros

  • Viernes 15 de octubre de 2021
  • 18:21 hrs
Imagen referencial.

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La compra fue visada por la exsubsecretaria de Prevención del Delito quien hoy es parte del comando del candidato presidencial Sebastián Sichel.

Contraloría abrió un sumario por eventuales irregularidades en la compra de cámaras corporales para Carabineros de Chile, por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Según consigna el informe final de ente fiscalizador, la empresa que obtuvo la licitación entró a ésta fuera de plazo y además entregó productos que no cumplían con los requisitos al momento de la adjudicación; específicamente la función “post recording” que permite continuar la grabación por 120 segundos luego que la cámara es apagada.

También se constató que la Subsecretaria de Prevención del Delito acepto 5 ofertas presentadas en la licitación pública ID N° 654478-2-LR20, sobre “Adquisición de Sistema de Cámaras Corporales”, dentro de las cuales se encuentra la propuesta de la empresa adjudicada Motorola Solutions Chile S.A., por la suma total de $ 378.896.000, pese a que se ingresaron en el portal, www.mercadopublico.cl fuera del horario de recepción establecido. Además, se verificó que no existe constancia ni evidencia de los antecedentes tenidos a la vista por la comisión evaluadora para analizar las 8 ofertas recibidas, de las cuales 2 -Motorola Solutions Chile S.A y Tecnologías Sociales Limitada (Smart Partners)- pasaron a la etapa de evaluación, en la licitación en estudio, de cuyo resultado da cuenta el Acta de Evaluación de fecha 6 de marzo de 2020.

Cabe destacar que la comprar se realizó en 2020, cuando estaba a cargo de la subsecretaría, Katherine Martorell, actual vocera del candidato presidencial Sebastián Sichel.

Por los antecedentes señalados, la Contraloría concluye e instruye la apertura de un sumario para determinar responsabilidades de carácter administrativas. Además, se remitieron los antecedentes al Ministerio Público para que se determine la eventual configuración de delitos.